Bolivia vive días de máxima tensión política y social, con protestas, bloqueos y movilizaciones que mantienen paralizados distintos accesos a La Paz.
En medio del conflicto, organizaciones sindicales, sectores campesinos y parte de la oposición exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo en noviembre pasado.
Las protestas se intensificaron durante las últimas semanas y el Gobierno desplegó miles de efectivos para intentar liberar rutas y contener las manifestaciones, aunque los cortes continúan en distintos puntos del país.
El detonante inicial del conflicto fue la promulgación de la ley 1.720, vinculada a una reforma agraria cuestionada por organizaciones indígenas, ambientalistas y campesinas.
Los sectores críticos denunciaron que la norma habilitaba la mercantilización de tierras y afectaba derechos de comunidades originarias.
Aunque la ley finalmente fue derogada por el Gobierno para intentar descomprimir la situación, las protestas continuaron y sumaron nuevos reclamos económicos y políticos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Sectores opositores sostienen que los salarios quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida y denuncian un fuerte deterioro económico en los sectores populares.
Otro de los ejes del conflicto está relacionado con el abastecimiento y la calidad de los combustibles. Manifestantes denunciaron problemas con la gasolina distribuida en el país y aseguraron que provocó daños mecánicos en miles de vehículos.
Además, organizaciones sociales acusan al presidente de incumplir promesas de campaña y avanzar con políticas de ajuste y medidas consideradas favorables para sectores de mayores ingresos. Entre las críticas aparecen la eliminación de impuestos y proyectos vinculados al uso de tierras rurales.
La crisis también se agravó luego del anuncio de nuevos impuestos para trabajadores informales y pequeños comerciantes, una medida que generó fuerte rechazo y amplió las protestas en distintos sectores sociales.
Mientras continúan las negociaciones sin acuerdo, el clima de tensión persiste en Bolivia con bloqueos, movilizaciones y crecientes cuestionamientos a la gestión de Paz Pereira.
