Nadia Beller acusa a Fernando Cerimedo por el ataque armado y lanza graves denuncias contra el Gobierno
La abogada y activista, internada en un centro médico de Santa Cruz, responsabilizó públicamente al asesor presidencial Fernando Cerimedo por el atentado que sufrió.
Además, afirmó tener información sobre presuntos negociados y hechos irregulares que, según su versión, comprometerían a personas del entorno del Gobierno. Las acusaciones aún no fueron probadas y deberán ser investigadas por el Ministerio Público.
Santa Cruz, 18 de agosto de 2026.— El ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller abrió un nuevo frente de preocupación política en Bolivia, luego de que la víctima señalara públicamente a Fernando Cerimedo, consultor político argentino identificado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, como presunto responsable de haber ordenado el atentado en su contra.
Beller fue atacada la noche del lunes en inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, dos hombres que aparentaban ser repartidores se aproximaron a ella y efectuaron varios disparos antes de escapar. La víctima recibió tres impactos de bala y fue trasladada a un centro médico.
Desde el hospital, Beller afirmó que logró sobrevivir porque fingió estar muerta y sostuvo que el objetivo de sus atacantes era acabar con su vida. También responsabilizó directamente a Cerimedo, quien posteriormente fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.
UNA INVESTIGACIÓN QUE RECIÉN COMIENZA
La detención de Cerimedo no significa que exista una responsabilidad penal establecida. El consultor se encuentra bajo investigación y las autoridades deben determinar quiénes participaron en el ataque, quién lo planificó y cuál fue el móvil.
La Policía informó que maneja diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un conflicto personal entre Beller y Cerimedo, quienes habrían mantenido una relación. Sin embargo, la investigación permanece abierta y no se ha establecido judicialmente una causa definitiva.
La dimensión política del caso aumentó debido a la relación de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz. Aunque el Gobierno ha reconocido que el argentino asesora personalmente al mandatario, se ha sostenido que no ocupa un cargo oficial dentro de la administración pública y que su trabajo sería financiado con recursos externos.
BELLER FORMULA ACUSACIONES CONTRA EL ENTORNO DEL PODER
En su entrevista desde el hospital, Nadia Beller también realizó una serie de acusaciones de mayor alcance político.
La abogada afirmó que conoce información sobre presuntos hechos de corrupción, negociados y actuaciones irregulares que, según su versión, involucrarían a personas cercanas al Gobierno de Rodrigo Paz y al entorno familiar de la primera dama, María Elena Urquidi.
Beller sostuvo además que el atentado estaría relacionado con su conocimiento de esos supuestos hechos y que el objetivo habría sido impedir que hablara públicamente.
Estas afirmaciones constituyen, por el momento, denuncias de la propia Beller y no hechos judicialmente comprobados. No corresponde presentarlas como evidencia de corrupción o como responsabilidad penal de las personas mencionadas mientras no existan investigaciones, documentos, peritajes u otras pruebas que las respalden.
Medios nacionales ya recogieron las declaraciones de Beller sobre supuestos hechos de corrupción en las más altas esferas del poder, aunque las acusaciones requieren una verificación independiente y una investigación formal.
CERIMEDO Y SU POLÉMICA PRESENCIA EN EL GOBIERNO
Fernando Cerimedo no es un personaje desconocido en la política regional. El consultor argentino ganó notoriedad por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina y posteriormente desarrolló actividades de asesoramiento político y comunicación electoral en distintos países.
En Bolivia adquirió especial relevancia por su cercanía con Rodrigo Paz. Durante los últimos meses, distintos medios y actores políticos cuestionaron la naturaleza de su relación con el Gobierno y solicitaron información sobre sus funciones, posibles vínculos contractuales y fuente de financiamiento.
En abril, el senador Leonardo Roca presentó un Pedido de Informe Escrito al Ministerio de la Presidencia para conocer si Cerimedo tenía algún vínculo contractual, laboral o institucional con el Estado, quién financiaba sus actividades y si participaba en reuniones o decisiones de alto nivel.
También se registraron cuestionamientos públicos sobre la influencia política del consultor. En mayo, la Vicepresidencia acusó a Cerimedo de una supuesta intromisión en asuntos internos de Bolivia, mientras el propio consultor negó haber realizado la publicación que originó el cuestionamiento.
LA TRANSPARENCIA, AHORA MÁS NECESARIA QUE NUNCA
El caso coloca al Gobierno de Rodrigo Paz ante una situación que requiere respuestas claras.
Más allá de las diferencias políticas o personales entre los involucrados, existen preguntas que deben ser respondidas públicamente:
¿Cuál es exactamente la relación de Fernando Cerimedo con el Gobierno? ¿Qué funciones desempeña? ¿Quién financia su trabajo? ¿Tiene acceso a información o reuniones de Estado? ¿Qué relación mantenía con Nadia Beller? ¿Existe algún vínculo entre sus actividades políticas y las denuncias formuladas por la víctima?
Y, sobre todo, corresponde establecer si las acusaciones de Beller sobre presuntos negociados y hechos de corrupción tienen algún sustento documental.
La respuesta no debe surgir de declaraciones políticas ni de campañas en redes sociales. Debe surgir de una investigación independiente, con garantías para la víctima, debido proceso para los investigados y acceso público a la información que legalmente pueda ser divulgada.
FISCALÍA DEBE INVESTIGAR TODAS LAS LÍNEAS
El ataque contra Beller exige una investigación exhaustiva. Las autoridades deben identificar a los autores materiales, establecer quién los contrató, determinar el móvil, revisar las comunicaciones de los involucrados y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Pero también deben investigar, con el mismo rigor, las denuncias adicionales formuladas por la víctima.
Si existen documentos, contratos, transferencias, comunicaciones o cualquier otra evidencia relacionada con los supuestos negociados denunciados, corresponde que sean puestos a disposición del Ministerio Público.
Si las acusaciones no tienen sustento, también corresponde que la investigación lo determine y que se proteja el derecho al honor y la presunción de inocencia de las personas señaladas.
UN CASO QUE TRASCIENDE LO PERSONAL
El atentado contra Nadia Beller dejó de ser únicamente un hecho policial desde el momento en que la víctima vinculó públicamente el ataque con una persona cercana al presidente y formuló acusaciones que alcanzan al entorno del poder político.
Por ello, el caso demanda máxima transparencia.
Bolivia necesita conocer la verdad, pero esa verdad debe surgir de pruebas y de una investigación independiente, no de rumores, acusaciones sin verificar o intereses políticos.
Mientras tanto, Fernando Cerimedo permanece bajo investigación por su posible vinculación con el ataque y Nadia Beller continúa recuperándose de las heridas sufridas.
El desafío para las instituciones es demostrar que en Bolivia nadie está por encima de la ley: ni un asesor presidencial, ni un funcionario, ni un empresario, ni una persona vinculada al poder político.
