La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cerró filas en contra de la abrogación de la Ley 1720. La normativa, promulgada hace menos de un mes, permite la conversión de pequeñas propiedades en medianas tierras para acceder a créditos bancarios. Tras una reunión de emergencia, el sector productivo exigió al Ejecutivo el retiro de todo respaldo gubernamental a esta iniciativa.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió con iniciar medidas de presión progresivas, comenzando con una Asamblea de Productores fijada para el 14 de mayo en Montero.
“Hemos resuelto exigir al Poder Ejecutivo el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720”, sostuvo el dirigente.
El pronunciamiento surge luego del diálogo en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y representantes del sector campesino, donde se suscribió un acta que contempla la gestión ante la Asamblea Legislativa para derogar la norma. Desde la CAO consideran que esta decisión política afecta directamente a los pequeños productores.
Frerking afirmó que estas no son errores técnicos, sino decisiones políticas con un costo humano concreto. “Miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos del sistema financiero, no por falta de activos, sino por una normativa que el propio Gobierno defiende a espaldas de sus necesidades”, expresó.
El ejecutivo de la CAO hizo un llamado a diputados y senadores para que no viabilicen la abrogación, recordando que el 90% de los pequeños productores titulados del país no puede acceder a financiamiento formal. En su pronunciamiento, la entidad dejó un mensaje contundente:
“El campo no pide subsidios. Pide reglas claras, seguridad jurídica y acceso al crédito. Si eso es demasiado pedir, el país entero merece saberlo”.
