El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cayó finalmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, país en el que había operado por mucho tiempo y había escapado con anterioridad de la Policía.
Se supone que se benefició de redes protección que durante años permitieron su permanencia en el país. Considerado uno de los criminales más buscados del Cono Sur, Marset fue detenido tras un operativo policial que puso fin a una prolongada fuga que expuso las debilidades institucionales de la seguridad boliviana y generó más de un episodio de tensión política.
El arresto se realizó en el barrio Las Palmas, una de las zonas más elegantes y céntricas de Santa Cruz de la Sierra, donde al parecer llevaba una vida acomodada.
El hecho confirma la teoría popular sobre su paradero: la presencia de Marset en Santa Cruz era prácticamente un secreto a voces.
Esa sospecha fue reconocida incluso por autoridades nacionales. El vicepresidente boliviano Edman Lara, que se halla distanciado del Gobierno, había señalado, semanas antes de la detención, de que existían fuertes indicios de que este criminal se movía en Santa Cruz.
Marset se convirtió en prófugo de la Justicia boliviana el año 2023, cuando se truncó un gran operativo que prendía atraparlo debido a que, según las palabras del narcotraficante, fuentes de la oficina policial le alertaron y esto le dio tiempo para escapar.
No fue un escape silencioso. Durante su huída difundió mensajes y videos en los que atacó directamente a autoridades bolivianas. Incluso protagonizó un rifirrafe con el entonces ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, al que acusó de montar operativos fallidos y del que se burló personalmente.
La detención tuvo impacto inmediato en la política latinoamericana. El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el caso. Denunció que Marset lo quería asesinar y dio cuenta de los vínculos del narco con la Fiscalía colombiana
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En sus videos también deslizó referencias a la crisis política abierta tras el referendo del 21 de febrero de 2016 sobre la reelección del expresidente boliviano Evo Morales, tratando de presentarse como alguien que conocía los entresijos de la política boliviana.
Sus mensajes, difundidos ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, alimentaron la sensación de que el narcotraficante operaba con un nivel de seguridad difícil de explicar.
Tras la captura, el presidente de Bolivia Rodrigo Paz ofreció una conferencia de prensa en la que destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad bolivianas y aseguró que el operativo fue resultado del trabajo de la inteligencia local.
En una comparecencia posterior, el ministro de Gobierno (Seguridad), Marco Antonio Oviedo, insistió en esa misma línea, negando la participación directa de agencias estadounidenses.
Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a uniformados con insignias de la DEA custodiando al detenido. Marset fue enviado de inmediato a los Estados Unidos.
Las fotografías desataron interrogantes sobre el verdadero alcance de la cooperación internacional en el operativo y sobre la narrativa oficial que intentó presentar la captura como un logro exclusivamente nacional.
La detención tuvo impacto inmediato en la política latinoamericana. El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el caso.
Denunció que Marset lo quería asesinar y dio cuenta de los vínculos del narco con la Fiscalía colombiana. Advirtió también del carácter transnacional de las redes del narcotráfico.
La captura llega en un momento particularmente sensible para el Gobierno del presidente Paz, que enfrenta críticas por distintos aspectos de su gestión
La investigación había alcanzado a la familia del propio Marset. Su esposa se encuentra presa en Uruguay por causas de lavado de dinero y formación de estructuras financieras vinculadas al tráfico de drogas.
El caso también volvió a poner sobre la mesa el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que ocurrió en 2022 en Colombia. Un crimen que las investigaciones regionales han vinculado a redes criminales conectadas con Marset.
Durante años, las autoridades han sospechado de la existencia de protección institucional a Marset en distintos países de la región. Su capacidad para escapar de los operativos y su vida en barrios elegantes de distintas ciudades, sin parar sus actividades, alimentaron las versiones sobre apoyos dentro de la policía e incluso complicidades políticas de distinto orden.
La captura llega en un momento particularmente sensible para el Gobierno del presidente Paz, que enfrenta críticas por distintos aspectos de su gestión. El principal problema es mala gestión de la importación de carburantes.
La subida de precios de la gasolina y el diésel desde diciembre no han librado a los bolivianos de las filas para conseguirlos. Además, el Gobierno ha tenido que reconocer la mala calidad de una parte del combustible que vendió en las últimas semanas, luego que se denunciara que cientos de motores en todo el país se habían averiado por esta causa. Lo atribuyó a “sabotaje” de los funcionarios del anterior Gobierno que seguían trabajando en la petrolera estatal YPFB. En ese contexto, el operativo anti Marset puede convertirse en un elemento de recomposición narrativa y en una señal de eficacia frente a la opinión pública.
El apresamiento también coincide con la reciente reunión entre Paz y el presidente estadounidense Donald Trump, que dejó una imagen de fuerte asimetría política.
En esa cita fue Trump quien marcó el tono de la agenda y protagonizó un episodio ampliamente comentado cuando afirmó: “yo no hablaré su maldito idioma”. Ninguno de los mandatarios presentes reaccionó públicamente ante desplante.
Esa escena alimentó críticas sobre la docilidad de la política exterior boliviana frente a Washington. Para algunos analistas, la cooperación entre ambos países para la realización de operativos de alto impacto mediático, como la captura de Marset, podría formar parte de una dinámica de alineamiento similar a la de los años 90 y la “guerra contra las drogas”.
El apresamiento también coincide con la reciente reunión entre Paz y el presidente estadounidense Donald Trump, que dejó una imagen de fuerte asimetría política
Mientras el Gobierno celebra la detención como un golpe decisivo contra el narcotráfico, el caso deja varios interrogantes. El primero es cómo un criminal de alto perfil pudo instalarse durante años en una zona céntrica de la ciudad boliviana más populosa sin ser capturado. El segundo tiene que ver con las redes de protección que pudieron facilitar su permanencia. Estas cuestiones podrán resolverse en la medida en que Marset colabore con la Justicia estadounidense.
Una tercera pregunta es si la caída de Marset representará un desmantelamiento de la principal estructura criminal boliviana o si inaugurará luchas internas entre carteles y grupos narcotraficantes por controlar un territorio que el capo deja acéfalo.
