Manfred Reyes Villa saluda abrogación de la Ley 1341 y pide al Gobierno hacer cumplir la ley ante la crisis y los bloqueos
El alcalde de Manfred Reyes Villa expresó su respaldo a la decisión de abrogar la Ley 1341 y destacó la determinación asumida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, señalando que la institucionalidad democrática debe prevalecer frente a los hechos de violencia y confrontación que afectan al país.
“Saludamos la abrogación de la Ley 1341 y la disposición de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. La fuerza de la institucionalidad, la democracia y la unidad de nuestro pueblo prevalecerá ante posiciones intransigentes, violentas y criminales, vengan de donde vengan. Esperamos que el Gobierno asuma con responsabilidad su rol, cumpla y haga cumplir la ley”, manifestó la autoridad cochabambina.
Las declaraciones se producen en medio de un escenario de creciente tensión política y social en Bolivia, marcado por bloqueos de carreteras, enfrentamientos y protestas que generan preocupación en distintos sectores de la población por las consecuencias económicas y sociales que atraviesa el país.
Reyes Villa sostuvo que Bolivia necesita recuperar la paz social y garantizar la libre transitabilidad, el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de preservar el derecho al trabajo y la seguridad de la población.
GOBIERNO DEBE EJERCER PLENAMENTE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES
En ese contexto, diversos sectores consideran que el gobierno del presidente rodrigo paz tiene todas las facultades constitucionales y legales para restablecer el orden público y hacer cumplir las normas vigentes en el territorio nacional.
La Constitución Política del Estado establece que el Gobierno central tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad interna, proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y preservar la estabilidad democrática frente a hechos de violencia, bloqueos y acciones que afecten la convivencia pacífica.
Analistas señalan que la crisis actual no solo provoca pérdidas millonarias para la economía nacional, sino también una profunda afectación a sectores productivos, transporte, comercio, salud y abastecimiento, especialmente en ciudades del eje central y regiones estratégicas del país.
Asimismo, se advierte que la prolongación de los conflictos podría deteriorar aún más la imagen institucional del país y generar incertidumbre económica y social, por lo que se demanda una actuación firme del Estado dentro del marco constitucional y el respeto irrestricto a la democracia.
Sectores ciudadanos e instituciones continúan pidiendo diálogo, pacificación y el cumplimiento de la ley para evitar una escalada de violencia que termine afectando a toda la población boliviana.
